El TC ha validado el incremento del impuesto catalán a las instalaciones energéticas, conocido como la ecotasa, aprobado por el Govern en 2022. Endesa recurrió esta actuación ante el TSJ de Cataluña, que en fecha de julio de 2024 elevó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC para dirimir la legalidad de la medida. Se cuestionaba el empleo de un decreto-ley, mecanismo reservado para actuaciones extraordinarias y urgente. El Constitucional considera que el gobierno catalán obró adecuadamente al elegir esta vía legal: "De las diversas fuentes citadas, se extrae la conclusión de que la aprobación de la norma se justifica en la necesidad de responder de forma rápida a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania, con medidas que aceleren la transición y la autonomía energética".